En el centro de la polémica está el nuevo decreto que regula el trasvase, que ahora se encuentra en fase de valoración por el Consejo de Estado, y que podría llegar en las próximas semanas al Consejo de Ministros. Este establece que el caudal ecológico del Tajo, la cantidad de agua necesaria para garantizar el buen estado natural del río, pasará de los 6 hectómetros cúbicos de agua por segundo a su paso por Aranjuez actuales, a 7 hm³ y finalmente a 8,65 hm³ a partir de 2027.
En un primer momento, el Gobierno acordó con la Comunidad Valenciana y Murcia que el cambio fuera gradual para dar tiempo a desarrollar lo suficiente la desalación, principal alternativa al agua del trasvase, en la disposición adicional novena al decreto.
Y aquí es donde empiezan las discrepancias. Según estas comunidades, en aquella reunión del Consejo Nacional del Agua en noviembre también fue acordada una cláusula que establecía que en 2025 se revisaría la calidad del agua del Tajo, y si esta cumplía con los objetivos ambientales, se podría volver a reducir el caudal ecológico, lo que en la práctica salvaguardaría la cantidad de agua que reciben los regantes del Segura.
El Gobierno valenciano ha presentado este martes unas alegaciones en las que denuncia que el Ejecutivo ha modificado el texto unilateralmente y sin previo aviso para eliminar esta condicionalidad, a lo que el Ministerio ha respondido que esa cláusula fue una propuesta de la Comunidad Valenciana y Murcia, pero «fue rechazada mayoritariamente» en el Consejo Nacional del Agua, según ha asegurado este martes Ribera.
Ha reivindicado, además, que «esta planificación hidrológica, a diferencia de las anteriores, responde por primera vez a la realidad del cambio climático», y se prepara para los «dos excesos» que provocará esta crisis: «Ciclos muchos más largos de extrema sequía y periodos de inundaciones enormemente duros».
El aviso de 2022: sequías más largas e intensas
«Un caudal de 8,6 implica que no va a haber agua del trasvase para regar. Se están cargando el trasvase Tajo-Segura por la puerta de atrás», critica Ramón Espinosa, secretario técnico de la Asociación de Jóvenes Agricultores de Alicante. Solo quedará agua, señalan desde ASAJA, para consumo humano.
Esta organización cree que el cambio en el plan responde a las exigencias de Castilla-La Mancha y hablan de «intromisión política» en un tema que «debería estar en manos de los expertos». El presidente de esta comunidad, Emiliano García Page, ha insistido en que «no tiene sentido mantener un sistema que mande agua de la España seca a una más seca», a lo que Espinosa contesta que «no tenemos un problema de agua, hay una España húmeda y una España seca, lo que hay que hacer es una distribución equitativa y equilibrada».
Lo cierto es que nuestro país está en uno de los «puntos calientes» del cambio climático y los escenarios respecto a la disponibilidad del agua son «realmente preocupantes» en el futuro, señala José Damián Ruiz Sinoga, catedrático de Geografía de la Universidad de Málaga y experto en recursos hídricos.
Sin ir más lejos, este 2022 ha sido uno de los años más secos desde que hay registros y los embalses, aunque han mejorado gracias a las abundantes lluvias de diciembre, siguen en su nivel más bajo para estas fechas desde 1995. El de Buendía, uno de los más grandes de España y origen, junto al de Entrepeñas, del trasvase, está al 20%.
«El Tajo es un río maltratado», apunta Martín Barajas. Está embalsado hasta su entrada en Portugal, el trasvase en su cabecera lo priva de buena parte de su caudal en el tramo alto, se ve afectado por la «explosión del regadío» en el tramo medio, entre Aranjuez y Talavera de la Reina, y está contaminado por «depuradoras viejas que no funcionan bien», como algunas de Madrid, que provocan los conocidos episodios de espumas blancas.