Los viejos tribunales de Guadalajara van volver a abrir sus puertas el 20 de septiembre para acoger el juicio por el fuego de la planta de reciclaje de residuos de Chiloeches debido al numero de personas que participarán en el mismo.
El juicio se hará de lunes a jueves, en sesiones de mañana, según recoge el señalamiento al que ha tenido acceso Europa Press.
En junio de 2020 cuando el Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara decretaba la apertura de juicio oral contra un total de 21 acusados -18 personas físicas y tres jurídicas-, a quienes en algunos casos por parte de la Fiscalía se les reclaman penas de hasta 19 años de prisión y 14 de inhabilitación, al tiempo que les hacen responsables civilmente de gastos de casi 15 millones de euros.
Por un lado, se juzgará a 11 acusados y a las entidades Kuk Medioambiente, Grupo Layna y Salmedina por la gestión, almacenamiento y transporte ilegal de residuos peligrosos que se saldaron con el incendio -probablemente intencionado según la Guardia Civil- de la nave almacenadora en agosto de 2016.
Se cree que 11 de los imputados son los autores del manejo, transporte y disposición ilegal de residuos peligrosos y no peligrosos, y juntos participan en una organización criminal que conduce al vertido de residuos de esta manera fuera de control con documentos falsos.
Por otra parte, seis exfuncionarios de la Comisión han sido imputados por delitos ambientales reiterados y buscan penas de hasta tres años de prisión y 13 años de inhabilitación.
Entre las peticiones de pena se encuentra el exalcalde de la localidad, César Urrea, a quien la Fiscalía pide 14 años de inhabilitación y cinco de prisión por el delito continuado de prevaricación administrativa medioambiental.
La Fiscalía considera probado que se han cometido delitos, además de prevaricación medioambiental, de participación en grupo criminal, delitos agravados de gestión peligrosa de residuos y de explotación de instalaciones peligrosas, delitos contra el medio ambiente y falsedad en documento mercantil.
Tras años de irregularidades en todo lo relativo al trabajo desarrollado en la planta, la Fiscalía considera probado que en abril de 2016 dos de los acusados acordaron dejar en las instalaciones unas 15.000 toneladas sin especificar ni distinguir entre residuos peligrosos y no peligrosos a cambio de 300.000 euros pagaderos por Grupo Layna.